PROPONEN ABRIR DOS JUZGADOS CIVIL Y FAMILIAR EN LA REGIÓN DE LA MONTAÑA

Chilpancingo, Guerrero, a 22 de marzo de 2019.- Para combatir el rezago en la administración de justicia en la región de la Montaña, la diputada Leticia Mosso Hernández propuso la instalación de dos juzgados de Primera Instancia, uno en materia civil y el otro familiar.

En una iniciativa de reformas al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la legisladora señala que es prioritario habilitar dos nuevos juzgados que garanticen el acceso a la justicia y coadyuven a recuperar la paz y la tranquilidad en la región.

Argumentó que dicha Ley establece la conformación del Distrito Judicial de Morelos, que integra a los municipios de Acatepec, Alcozauca, Copanatoyac, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Olinalá, Tlalixtaquilla, Xalpatláhuac, Zapotitlán Tablas y Tlapa, con una población de más de 257 mil habitantes.

Aclaró que en este Distrito existe un Juzgado Mixto de Primera Instancia con cabecera Tlapa, cuya capacidad está siendo rebasada, lo que origina juicios largos, mayores costos y justicia retardada.

Agregó que en muchas ocasiones, acuerdos de simple trámite pueden durar de dos a tres semanas, en perjuicio de los justiciables. “Es evidente que los plazos que señalan las leyes adjetivas no se

respetan y vuelven la justicia más lenta, generando molestias a quienes buscan en los tribunales el acceso a la justicia”, expuso.

Dijo también que se debe tomar en cuenta que en el Distrito Judicial de Morelos la mayor parte de la población es indígena y habla alguna lengua originaria, lo que motiva aún más que se tengan por separado dos juzgados de Primera Instancia en materia civil y familiar, en sustitución del mixto actual.

Adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo

La legisladora planteó también reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado para establecer que en el ejercicio de sus derechos lingüísticos, los diputados que pertenezcan a una comunidad indígena podrán hacer uso de la voz en su lengua originaria.

Ambas iniciativas se turnaron a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.