Podrían presas embarazadas gestar bebés fuera de prisión

Ciudad de México, 7 de Octubre de 2021.-El diputado federal por Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas de las entidades federativas, cuyas legislaciones locales en materia penal tipifican la interrupción voluntaria del embarazo de manera absoluta, -o bien, que sólo contemplan causas de exclusión de la responsabilidad en casos de aborto-, a derogar dichas normas por ser inconstitucionales y a regularizar su contenido conforme a los parámetros constitucionales y convencionales protectores de derechos humanos.

En el exhorto, y a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, Sandoval Ballesteros planteó que las legislaturas de los estados tomen como eje la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, -dijo- “el pasado 7 de septiembre en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, dio un paso histórico en favor de la protección y garantía de los derechos y libertades de las mujeres y personas con capacidad de gestar, al determinar por primera vez la inconstitucionalidad de las normas que sancionan penalmente la interrupción voluntaria del embarazo”.

Durante su intervención en tribuna, el legislador agregó que impedir y, aun más, criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo, “supone una limitante injustificada a la luz de nuestra Constitución y de los tratados internacionales protectores de derechos humanos suscritos por nuestro país”.

Por ello, dentro del punto de acuerdo Sandoval Ballesteros exhorta también a las Fiscalías, ministerios públicos y demás autoridades encargadas de la persecución de los delitos, a tomar como referente los motivos y razonamientos que justifican la jurisprudencia sentada por la SCJN, durante el ejercicio de sus atribuciones de persecución y ejercicio de la acción penal.

El exhorto se extiende a las autoridades administrativas de salud pública de las entidades federativas, para que garanticen el derecho a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar, mediante el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo seguros, gratuitos y accesibles, mediante personal capacitado, suficiente y no objetor de conciencia; así como, brindar información objetiva, veraz, accesible y no invasiva de la libre determinación y autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar.